El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha establecido nuevas directrices para sancionar a funcionarios que utilicen sus cargos, profesiones o atribuciones legales para vulnerar derechos de personas en situación de fragilidad, especialmente cuando existan intereses comerciales o bienes inmuebles en disputa.
"No se debe intentar desalojar a un inquilino imputándole el delito de invasión"
Según explicó extraoficialmente este 7 de abril, el periodista Eligio Rojas, en una entrevista para Iguana TV, el máximo tribunal ratificó que la próxima publicación en Gaceta Oficial formalizará la ilegalidad del denominado terrorismo judicial, particularmente en casos vinculados a arrendamientos.
“La publicación en Gaceta Oficial garantiza que los criterios de esta sentencia sean vinculantes, lo que significa que son de cumplimiento obligatorio para todos los operadores del sistema de justicia. Los magistrados han enviado un mensaje claro a jueces y fiscales: no se debe intentar desalojar a un inquilino moroso imputándole el delito de invasión. Es imperativo evitar la manipulación de la justicia en asuntos que corresponden estrictamente a los tribunales civiles”, afirmó Rojas.
El comunicador subrayó la diferencia esencial entre el delito de invasión —que implica la ocupación violenta o clandestina de un inmueble— y el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, que constituye una controversia de naturaleza civil.
“Existe la sospecha de que ciertos delitos están siendo utilizados con fines ajenos a la ley, lo cual constituye un fraude procesal para intimidar a las personas, ejerciendo una suerte de terror psicológico para doblegar su voluntad”, añadió.
La sentencia N.º 73, emitida el 6 de febrero de 2024, establece con carácter vinculante criterios sobre el fraude procesal y el uso indebido del sistema penal. El fallo recuerda el principio de intervención mínima del derecho penal, alertando sobre la práctica de criminalizar conflictos civiles, una situación que —según el documento— ha afectado a ciudadanos vulnerables, entre ellos tres adultos mayores que fueron imputados injustamente por invasión pese a tratarse de un litigio arrendaticio.
El TSJ advierte que los operadores de justicia que incurran en estas prácticas podrían enfrentar sanciones disciplinarias y penales.
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